AIDESEP, un actor muy molesto para Alan García

El Gobierno de Alán García ha movilizado diferentes agentes del Estado en un sistemático acoso jurídico, político y social contra la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Busca así, ahora explícitamente, la disolución de la organización que con voz propia se presenta con 57 federaciones y organizaciones territoriales, que representan a las 1.350 comunidades donde viven 350.000 personas, agrupadas en 16 familias lingüísticas.

Nacida en 1980, esta organización se mantiene firme y unida pese a las diferentes visiones y concepciones del mundo que alberga en su interior, puesto que en la selva viven diversas etnias, algunas históricamente rivales entre sí. A lo largo de sus historias respectivas y en diferentes momentos se han enfrentado a agentes externos que llegaron a sus territorios con objeto de esclavizarlos o, en el mejor de los casos «civilizarlos». Aidesep ha desarrollado programas que buscan minimizar los efectos del desarrollo capitalista en sus pueblos, al concluir que este modelo de desarrollo choca frontalmente con sus posibilidades de supervivencia.

Sus organizaciones trabajan por la integración de las mujeres en la actividad política y organizativa de la comunidad; por la salud indígena, que busca con una mirada intercultural elevar la esperanza de vida en las comunidades amazónicas. Tratan de cubrir la carencia de políticas públicas que les permitan acceder a información sobre el mundo y compartir la suya propia. También trabajan para hacer respetar el derecho de sus hermanos y hermanas que tras la experiencia del desencuentro con la cultura de Occidente han decidido autoaislarse bajo la protección de la madre selva.

Invasión extractiva
Además, llevan la gestión, seguimiento y asesoría jurídica de las comunidades invadidas en sus territorios ancestrales por compañías transnacionales, sobre todo energéticas, que llevan enfermedades, muerte y contaminación a sus vidas. A tal fin, gestionan la construcción de una base cartográfica digital de sus territorios. De este modo, buscan prevenir concesiones a empresas extractivas en los mismos, entre otras cosas.

Desarrollan también un programa de formación de maestras y maestros bilingües en coordinación con autoridades públicas, son responsables de socializar entre sus comunidades herramientas jurídicas que permitan a los occidentales reconocer sus territorios y su cultura. En resumen, estamos ante una asociación que ejerce su derecho a la autodeterminación de su futuro de una manera activa y que atiende principalmente algunas de sus carencias más básicas ante la indiferencia de un país que aún no reconoce su diversidad y de gobiernos empeñados en hacerla desaparecer. En este contexto, Aidesep representa la posibilidad de supervivencia de muchas culturas y de sus conocimientos, que visto de otra manera podría ser una gran oportunidad para el desarrollo de todo el mundo (inclusive el de los apristas).

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UN ATENTADO A LOS DERECHOS

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, “la disolución de Aidesep […] en realidad constituye una gravísima violación de la libertad de asociación reconocida en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de fuerza vinculante para el Perú, que establece esta libertad fundamental en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”.