A cargo de su autora Marleni Canales Rubio, presidenta del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina de Naciones (CCPICAN).
Emisión en directo en http://www.livestream.com/traficantesdesuenos
Lugar: Traficantes de Sueños. C/Embajadores 35, Local 6, Madrid. Martes 16 de marzo a las 19.00h
Colabora: colectivo irradia ([email protected])
A través de este informe se evidencia la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado Peruano, pese a la existencia de una serie de instrumentos internacionales que protegen a los pueblos originarios.
Este informe se ha elaborado tomando en cuenta una serie de hechos que demuestran esta trasgresión de los derechos de los indígenas peruanos, especialmente los sucesos del 5 de junio en la ciudad de Bagua.
El trabajo tiene como finalidad invocar al entendimiento de todos los sectores sociales frente a hechos de violencia que se vienen registrando al interior del Perú, producto de una serie de políticas que favorecen a las inversiones foráneas en desmedro de los pueblos indígenas.
En su primer capítulo, titulado Un Territorio en Disputa, nos presentan información básica acerca de la Amazonía Peruana, un verdadero territorio en disputa entre los intereses de las transnacionales apoyadas por políticas públicas que privilegian sus operaciones por encima de la propia vida de las comunidades. Además, se hace un análisis situacional de los pueblos indígenas en el Perú, como se mueven los círculos de poder en nuestro país; como se toman medidas e implementan políticas que los afectan sin que se les consulte, pese a los instrumentos internacionales que los asisten; como es que todo esto genera un clima insatisfacción que devienen en protestas.
El segundo capítulo, El Derecho de los Invisibles, es una reflexión de los instrumentos internacionales y la propia legislación peruana que protegen a los pueblos originarios. Se hace una valoración de los avances en ese sentido, en contra posición de los lineamientos políticos y económicos implementados por el gobierno.
¿En un Estado sin Pueblos Originarios?, tercer capítulo del libro, el análisis se centra en las reformas legales que se han dado en los últimos años en el país, muchas de las cuales se han puesto por encima de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, atentando contra la soberanía alimentaria del Perú. También se da cuenta como se han dado otras medidas para tratar de acallar las justas protestas de las comunidades. Entre esas medidas podemos señalar la militarización de los territorios y la criminalización del derecho a la protesta.
El cuarto capítulo del libro, La Resistencia, nos da una amplia visión de los conflictos generados por la defensa de los territorios por parte de las comunidades ante los intentos de imposición de actividades extractivitas ajenas a los modelos elegidos por ellos mismos para el desarrollo de sus localidades. Además, hace un análisis del Convenio 169 de la OIT y lo que dice este instrumento internacional acerca del tema de la consulta, la protección del medio ambiente, el derecho a la utilización, administración y conservación del medio ambiente.
Finalmente en el último capítulo, La Política de Tierra Arrasada, se presenta en detalle lo ocurrido en la zona de Bagua, donde según las cifras oficiales 34 personas, entre policías y comuneros. A estos últimos se les pretende responsabilizar de todo lo acontecido el 5 de junio de 2009 mientras que los responsables políticos no asumen sus responsabilidades.
Sobre este trabajo han opinado algunas personalidades como Magdiel Gonzales Ojeda, ex miembro del Tribunal Constitucional, señalo que el Convenio 169 de la OIT, no requiere de ninguna regularización en la normativa nacional del Perú, dicho Convenio una vez adoptado por Estado Peruano se encuentra vigente y tiene rango de Ley; por lo tanto se debe exigir su cumplimiento y ejercicio de derecho.
Agregó que en el Perú a lo largo de la historia a los pueblos indígenas se les ha generado un miedo, porque a quienes defienden sus derechos se les llama terroristas.
“Hemos vivido engañados durante todo este tiempo sobre la propiedad de comunidades, las comunidades indígenas no requieren de títulos de propiedad, ya que son pueblos originarios y por tanto son dueños de sus territorios”, reiteró.
Por su parte, Mario Palacios Panéz, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), dijo que el Estado Peruano desconoce a los 75 pueblos indígenas que existimos en nuestro país.
Palacios indicó que dentro de la vigencia de un Estado uninacional, con un modelo neoliberal, se desconoce el derecho colectivo y la participación de los Pueblos Indígenas, por lo tanto viola las leyes nacionales y los acuerdos internacionales como el convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
“La lucha de los pueblos indígenas es por la defensa de la Madre Tierra, en defensa de la Vida frente a una política neoliberal, extractivista y capitalista como la que han elegido nuestros gobernantes” enfatizó.
El presidente de CONACAMI reiteró que el país requiere cambios urgentes que no se solucionan tan solo sembrando árboles, es más bien cuestión de plantear cambios profundos. “Estados como el Peruano requiere de cambios estructurales de fondo, de cambio de actitudes, de voluntad política que demuestre un verdadero cambio para todos y todas”, sentenció.
Finalmente, Marleni Canales, presidenta del CCPICAN, expresó que los pueblos indígenas son conscientes que el mundo de hoy se desenvuelve dentro de una gran contradicción o bipolaridad entre quienes reconocen y promueven la vigencia y aplicación de los derechos humanos y quienes priorizan la inversión y sus fines lucrativos.
“Por un lado, nos encontramos luchando por la vigencia, la defensa y el reconocimiento de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Por otro, están los grandes capitales transnacionales que tratan de imponer sus leyes y normas de alcance mundial. Se pone el derecho de los inversionistas por sobre el de los pueblos, es decir, por encima de la vida misma. Para ello cuentan con las estructuras jurídicas de los estados alineados en esta política neoliberal”, explicó.
“A través del Informe relativo a Bagua observamos el retrato de una tragedia que se repite con demasiada frecuencia con las mismas víctimas. La defensa de su territorio es una propuesta vanguardista, planteando el sumaq kausay o el buen vivir como legado para la humanidad, los coloca a la cabeza del movimiento internacional por la protección del planeta Tierra que está amenazado por la industrialización agresiva, la voracidad de las empresas multinacionales, la desmedida explotación de los recursos naturales, la contaminación del agua, suelo, aire y subsuelo” concluyó.
